La Audiencia Nacional concede permiso a una etarra para cruzar su perro en Francia

Los movimientos amigos del gobierno respecto a ETA son cada vez más frecuentes, mas sospechosos, y como no, más irritantes por no utilizar otra expresión, aunque dudo que alguna vez hayan llegado a un grado de evidencia o de demencia como el que nos ocupa hoy.

Resulta que la Audiencia Nacional, famosa por variopintos autos dictados por algunos jueces que más bien parecen estar al servicio de cualquier cosa, menos de la sociedad y la justicia. Ha tenido a bien conceder un permiso a una etarra para que lleve  a su chucho a Francia para cruzarlo.

Jaiona Intxaurraga, procesada por colaborar con ETA y a quien la Fiscalía pide ocho años de prisión, ha sido la agraciada por la benevolencia y ternura de  la Sección Segunda de lo Penal,  a los que les debe parecer de puta madre conceder a una asesina un permiso que no tiene justificación ninguna.  Me pregunto cómo estos individuos puede mirar después de semejante aberración a sus familiares y vecinos, eso dando por sentado que no sean igual que ellos.

Este debe ser el respeto que el Gobierno tiene por  las víctimas, y que denunciaba que nos faltaba a los demás por abuchearle en el desfile. Sin lugar a dudas vivimos en un pais dirigido por desquiciados.

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Un auto de la Audiencia Nacional constata la colaboración de Hugo Chávez con ETA y las FARC

El Juez de la Audiencia Nacional,  Eloy Velasco ,ha denunciado la “cooperación gubernamental” del gobierno de Venezuela con los grupos terroristas  ETA y las FARC, con los que compartió información sobre el manejo de explosivos, y para la preparación de varios asesinatos, entre los que se encontraba el del presidente colombiano Álvaro Uribe y su antecesor Andrés Pastrana.

El auto no viene a desvelar nada nuevo, ya que es pública y notoria la colaboración con ETA del gobierno Venezolano, así como su directa implicación en el narcotráfico. Pero lo que si consigue este auto, es constatar legalmente que el gobierno de Venezuela colabora con el crimen organizado y con los terroristas, lo que debería obligar al gobierno español a tomar las medidas pertinentes contra un gobierno criminal.

En el auto  que hoy se ha hecho público, Eloy Velasco solicita al Gobierno de Hugo Chávez la extradición del etarra Arturo Cubillas Fontán, que en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.  Este etarra era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC.

Así mismo el auto desvela que el etarra citado lleva ocupando cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en el año 1999,  y que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC, Edgar Gustavo Navarro Morales, 'El Mocho', y Víctor Ramón Vargas Salazar, 'Chato', se trasladaron a España y pidieron "colaboración" a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y "más recientemente" trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Después de que se haya destapado la realidad, vamos a esperar el pronunciamiento del gobierno Zapatero, aunque no podemos esperar mucho de un gobierno que negoció con los terroristas y que dio órdenes a la policía para dar el chivatazo a ETA.

 

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Garzón se aproxima al precipicio judicial mientras se le acaba el retrasar la investigación del chivatazo.

El caso del chivatazo a ETA toma un nuevo impulso que le dirige hacia su esclarecimiento, y las corbatas ya comienzan a apretar en los cuellos de los implicados, mientras no pueden contener las gotas de sudor que les brotan sin cesar.

El juez Garzón que está metido en todos  los saraos judiciales de este país, saraos que generan  dudas razonables para fijar los ojos en el con gran interés, lleva recibiendo estos días un palo tras otro en el costado, hasta que le han dado los últimos en la cabeza, que han hecho que amenace con derrumbarse hacia el suelo de forma peligrosa, y como consecuencia a los implicados en el chivatazo a ETA, que se sentían seguros en el cajón más profundo que ha tenido un juez en este país.

Es por ello que Garzón no ha dudado en intentar ganar tiempo antes de ser suspendido, y de paso probar todas las posibilidades que le brinden los atajos judiciales que tan bien conoce. Para ello ha solicitado al CGPJ el ser oído antes de que se le suspenda cautelarmente,  medida que no ha utilizado nunca ningún juez en este país, y sobre la que se decidirá este martes.

Me da en la nariz que no le va a valer de nada esta manera de marear la perdiz, pero no le va a valer ni a él ni a los responsables del chivatazo, ya que es imposible seguir tapando la peste que producen estas causas.

Hoy mismo saltaba la noticia que avala mi anterior aseveración, ya que tres jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, han ordenado a Garzón que investigue el chivatazo a ETA,  y que practique nuevas pruebas, entre las que se encuentran la declaración de tres agentes de policía que participaron en la investigación,  y el solicitar a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa. Pruebas que todos considerábamos necesarias y evidentes, pero que por el contrario Garzón no ha tenido a bien practicar, aunque no tardando mucho nos enteraremos el porqué.

El auto en el que le ordenan todo esto, deja claro la gravedad de los delitos a investigar, y que suponen unos hechos sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España. El tribunal indica que hay que investigar hasta las últimas consecuencias.

Si a Garzón le aprieta la corbata, a estas horas algunos tienen que estar conspirando sin descanso para no ser los próximos a los que la justicia les atice con el mazo.

¿Y Zapatero que, ganador de un Goya?

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A Rubalcaba y al PSOE solo le interesa la seguridad de los miembros del partido

Rubalcaba pretende dejar sin escolta a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, para conseguir recortar costes. La medida no afectaría a los seis jueces centrales de Instrucción, entre los que se encuentran Garzón, Pedraz y Grande Marlaska. Y en principio tampoco deberían quedarse sin escolta los presidentes de Sala de la Audiencia Nacional, aunque aún se está estudiando.

No deja de ser sorprendente que el recorte se haga siempre por el mismo sitio, afectando a la seguridad de funcionarios públicos, que en muchos casos están amenazados por terroristas o mafias. Pero nos quedaremos más perplejos, si recordamos las declaraciones que se hacían desde el PSM para justificar el delito cometido en el Ayuntamiento de Parla, ya que argumentaban que se hacía uso indebido de instalaciones públicas por la seguridad de Tomas Gómez.

Queda claro que al Gobierno solo le preocupa la seguridad de los del partido y afines. El anterior recorte fue en el material básico para los agentes de la policía y Guardia Civil, recorte que no solo afecta a los funcionarios Policiales, sino que además repercute en la seguridad de todos los ciudadanos.

Según cuenta Alejandra Ramón en El Economista en un artículo titulado "El Gobierno impone el capricho en su política de subvenciones", las preferencias de ZP a la hora de repartir subvenciones es de lo más sorprendente:

• 700.000 euros al fortalecimiento de los policías de Nicaragua
• 800.000 euros a la mejora de los derechos sexuales reproductivos de Jinoteca (Nicaragua)
• 2.426.100 euros para el cine Iberoamericano
• 56.200 euros para la red de mujeres chocoanas (Colombia)
• 113.225 euros para la Fundación Hijos del Maís (Perú)
• 28.810 euros para gays de Zimbabwe
• 260.000 para los diputados dominicanos
• 117.000 para los policías bosnios
• 59.000 para 'tecnologías' de la mujer paraguaya
• 40.000 para inmigrantes marroquíes en España

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Garzón, ese gran prevaricador

Nuevo escándalo del gobierno, y de nuevo la sombra de Garzón detrás del mismo, convirtiéndose sin ningún lugar a dudas, en el juez que en más asuntos turbios ha estado metido a lo largo de su carrera, juez que debería ser expulsado de la carrera judicial de inmediato.

En primer lugar quiero aclarar que no soy defensor del PP, ni tengo ninguna intención de defender a los acusados por el juez Garzón más allá de la presunción de inocencia que les ampara, y que de momento no se ha respetado. Pero reconozco abiertamente que Mariano Rajoy tiene toda la razón, en todas y cada una de lascosas que dijo en esa comparecencia histórica.

Creo que todos somos partidarios que todo cargo político que cometa algún delito lo pague, pero siempre que haya sido condenado después de un juicio que cumpla con todas las garantías que deben proteger al acusado. Pero estas garantías no se están cumpliendo con los acusados por el juez Garzón en la llamada operación Gürtel, donde las irregularidades comienzan a amontonarse, y se hace evidente que detrás de esto se encuentra una cacería promovida por el gobierno, con un único fin, el electoral.

Mis afirmaciones se basan en la trayectoria del juez Garzón, la cercanía de tres procesos electorales, y la reciente noticia de la cacería de Garzón y Bermejo. Recordemos el conocido caso del Lino, donde el mismo juez imputó a cargos del PP, y después de mucho tiempo se cerró con la absolución de los acusados, eso sí, ocasionando el daño oportuno para el que se habían creado dichas acusaciones, que coincidieron con otra elecciones.

También tenemos que sumar a todos estos indicios, la trayectoria de los delitos cometidos por miembros del PSOE, donde la Fiscalía en conchabeo con el gobierno del que depende, no ha actuado con esta diligencia, ni con ninguna otra.

Quiero recalcar el tiempo que Garzón tiene para ciertos casos, y por el contrario no lo tiene para otros como el del chivatazo a ETA, que no sale del cajón de su despacho.

Como muestra de los delitos de los que hablo, tenemos el siguiente video, en el que a pesar de la evidencia irrefutable, la fiscalía no ha actuado con contundencia, y los medios de comunicación tampoco.

Que cada cual saque su conclusión, pero todo esto apesta, y la gravedad de lo sucedido no tiene precedentes en la reciente historia de España.

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