Finalmente Moncloa ha retirado el veto en Twitter a Hazte Oír y Derecho a Vivir, aunque siguen mintiendo como bellacos al seguir utilizando la excusa del “colapso”, con el fin de disimular un claro acto de censura aplicada en un canal al que tiene derecho al acceso cualquier ciudadano, ya que se sustenta con nuestros impuestos y es un servicio abierto a cualquiera.
Aunque me imagino que todos sabéis de que va este post, es oportuno recordar que Hazte Oír y Derecho a Vivir fueron bloqueados en el Twitter de Moncloa, cuenta que es administrada por el Ministerio de la Presidencia y desde la que se jactaron de su fechoría después de realizarla.
Desde estas asociaciones acostumbradas a la persecución y marginación del Gobierno, no se quedaron de manos cruzadas y denunciaron públicamente lo sucedido, noticia que se extendió como la pólvora, llegando incluso a movilizar a la gente para que mediante llamada telefónica a Presidencia del gobierno se solicitara que se respetasen los derechos que nos asisten como ciudadanos.
Se ve que la presión ejercida ha tenido sus resultados, y el pasado viernes el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, fue convocado a una reunión con el secretario de Estado de Comunicación, el ex director del diario Público Félix Monteira de la Fuente, para tratar sobre este tema.
En esa reunión, Félix Monteira prometió desbloquear las cuentas de las dos asociaciones, reconociendo “que no se puede discriminar a nadie desde la Administración pública por motivos ideológicos", aunque han seguido con la peregrina excusa de que el bloqueo obedecía a un “colapso” provocado por las cuentas de las asociaciones.
Las asociaciones han desmentido esa acusación, ya que cuando ocurrió el bloqueo, hacía semanas que ninguna de las cuentas se dirigía a La Moncloa, en total hay 7 menciones en tres meses, hecho que avala la falsedad de la escusa, a lo que hay que sumar que Hazte Oír había anunciado medidas contra la censura, que consistían en la denuncia ante el Defensor del Pueblo y los tribunales, ya que se haría incumplido el artículo 511 del código penal, que recoge penas de prisión de seis meses a dos años y multa, para los responsables de un servicio público que se le deniegue el mismo a "una asociación, fundación, sociedad o corporación" por razón de "su ideología, religión o creencias".
Anuqué la batalla parezca ganada a priori, no hay que confiarse ya que hoy mismo teníamos conocimiento de una nueva agresión a la libertad de expresión y a la lucha contra el aborto, pues el Ministerio de Cultura ha calificado para mayores de 18 años el filme próvida realizado en EEUU y que lleva el título “Blood Money”, (el valor de una vida).
Lo que apesta de esta medida, adoptada claramente con el fin de censurar el que nuestros jóvenes conozcan la verdad sobre el aborto, es que a la vez que se finge proteger a los menores contra supuestas escenas o contenidos, desde el mismo gobierno se anima a abortar a las menores de 16 años con y sin consentimiento paterno.
También es imprescindible recordar la denuncia efectuada en este blog hace meses, en la que contábamos como mientras se calificaba por el Ministerio de Cultura la película Saw VI como película X, a la vez se atrevían sin ningún pudor a calificar una película de sexo explícito para mayores de 13 años, y el tráiler de la misma para mayores de 7 años, más concretamente el filme el Cónsul de Sodoma, que como es evidente era de producción española, que es el tipo de bodrio que le pone a la Sinde. En esta ocasión el interés residía en que Saw VI no compitiese en taquilla con el bodrio sectario de Amenábar, Ágora.
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