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4 mar 2009

El tiempo pone a cada uno en su sitio, enseñándonos a los verdaderos delincuentes.


Como cabía esperar, todo el montaje del País, Garzón, PSOE y gobierno para intentar desprestigiar al PP antes de las elecciones, se ha ido desmoronando como un castillo de naipes, a demás de no haber conseguido el fin que perseguían.

Los noticias conocidas en estos días así lo avalan, y dejan al descubierto la trama creada contra el PP por el gobierno, Garzón y El País, a los que tendríamos que sumar todos los cooperadores necesarios que tienen que haber colaborado, y que espero que den cuentas de su comportamiento.

En primer lugar trataremos el famoso caso de los espías del PP, que fue el primero en saltar a la palestra, y que gracias a los socialistas e Izquierda Unida, la Asamblea de Madrid tiene ocupado su tiempo con esta tontería, en vez de emplearlo en cosas verdaderamente importantes.

El juez que José Sierra que instruye este caso, no aprecia indicios de que detrás de las vigilancias sufridas por Ignacio González e Ildefonso de Miguel, haya una autoridad o funcionarios públicos. Por ello el magistrado no aprecia la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, quedando libre de toda sospecha la Comunidad de Madrid, y evidentemente como delincuentes todos los implicados en inventarse esta trama.

Ahora ya entrando en materia con el juez Garzón, que lleva ya bastantes días cometiendo un “presunto” delito de prevaricación, y que espero que responda del mismo ante la justicia, suponiendo que en España exista. Comentaré como la fiscalía ha rechazado enviar el caso Cacería al Tribunal Supremo, ya que no aprecia indicios de delito de los aforados nacionales del PP.


Por lo que queda de nuevo al descubierto, la catadura profesional, moral y periodística de El País, ya que ni Bárcenas ni Galote están implicados. Pero a la vez muestra la prepotencia de Garzón que insiste en alargar el “presunto” delito de prevaricación que está cometiendo.

Como podemos observar, parece que todo esto va a quedar en nada y me interesaría saber que va a pasar con todo lo sucedido. Quiero saber si el PP se va a querellar contra El País y todos los que han estado soltando basura por la boca, si se seguirá adelante contra Garzón después de que se inhiba, si van a utilizar todas sus fuerzas en perseguir y difundir los verdaderos delitos y tramas en las que está implicado el PSOE, en definitiva, si una vez más se va a permitir la impunidad de la izquierda en la comisión de delitos con fines electorales.



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16 feb 2009

Garzón y los indicios de cohecho

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El cohecho (coloquialmente "coima" o "soborno") es un delito que consiste cuando una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.

El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.

Por ejemplo, un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, etc.

La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.

En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública.

Después de conocer en profundidad el significado de la palabra cohecho, nos pararemos a analizar cómo calificar el comportamiento de un juez que acude a 40 cacerías al año, que cuestan una media de 6.000€ cada una por puesto.

Con los datos anteriores y una sencilla operación matemática, nos encontramos con que Garzón se gasta 240.000 € al año en cacerías, o por el contrario acepta como “dádivas” el coste de esos puestos en las mismas. Por lo que convendría investigar a cambio de que recibe el juez estrella este tipo de “regalos”, pues es muy posible que este cometiendo el mismo delito que ahora mismo “investiga”. Recordemos que el “artículo 426 del Código Penal" establece que un funcionario que reciba dádivas en función de su cargo incurre en penas de multa por un delito de cohecho. Por lo que el CGPJ ya está tardando en investigar a este magistrado, que hace ya mucho tiempo que se le tendría que haber apartado de la carrera judicial.

También convendría que nos explicasen, como es posible que cuando la acusación en la operación Gürtel ya no contempla la asociación para delinquir, el caso siga en manos de la Audiencia Nacional, y no pase a los tribunales ordinarios como corresponde.


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