El cohecho (coloquialmente "coima" o "soborno") es un delito que consiste cuando una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto.
El cohecho es simple si el funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto constitutivo o no de delito.
Por ejemplo, un automovilista puede sobornar a un oficial de la policía para no extenderle un parte por exceso de velocidad, un ciudadano que realiza trámites puede sobornar a un empleado público por un servicio más rápido, una compañía constructora puede sobornar a un funcionario para conceder un contrato, etc.
La persona que ofrece la dádiva o que acepta el pedido de ella comete el delito de cohecho pasivo.
En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública.
Después de conocer en profundidad el significado de la palabra cohecho, nos pararemos a analizar cómo calificar el comportamiento de un juez que acude a 40 cacerías al año, que cuestan una media de 6.000€ cada una por puesto.
Con los datos anteriores y una sencilla operación matemática, nos encontramos con que Garzón se gasta 240.000 € al año en cacerías, o por el contrario acepta como “dádivas” el coste de esos puestos en las mismas. Por lo que convendría investigar a cambio de que recibe el juez estrella este tipo de “regalos”, pues es muy posible que este cometiendo el mismo delito que ahora mismo “investiga”. Recordemos que el “artículo 426 del Código Penal" establece que un funcionario que reciba dádivas en función de su cargo incurre en penas de multa por un delito de cohecho. Por lo que el CGPJ ya está tardando en investigar a este magistrado, que hace ya mucho tiempo que se le tendría que haber apartado de la carrera judicial.
También convendría que nos explicasen, como es posible que cuando la acusación en la operación Gürtel ya no contempla la asociación para delinquir, el caso siga en manos de la Audiencia Nacional, y no pase a los tribunales ordinarios como corresponde.
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