Un poquito más de corrupsoe

Estamos contemplando últimamente como salen como setas los casos de corrupción, malversación de fondos y otros delitos cometidos por cargos del PSOE en diferentes instituciones públicas.

Ahora conocemos una sentencia firme que demuestra cómo el cargo de confianza de la Diputación de Granada, Juan Carlos Adarve, ejerció mobbing contra la jefa de del servicio de seguridad de la Diputación.

Los hechos probados de dicha sentencia dicen lo siguiente:

En el mes de abril, el coordinador de Seguridad de la Diputación de Granada -un cargo de confianza- se reunió con la jefa de servicios en presencia del director de Seguridad de la institución. En el transcurso del encuentro, el coordinador le «comunica» a su subordinada que «le debía indicar los nombres de (...) aquellos trabajadores a los que se podía despedir» de entre los vigilantes de seguridad con el «fin de que por la empresa (una sociedad que en el mes de diciembre había ganado un concurso de 4,3 millones en la Diputación) se contratase a ciertas personas, militantes del PSOE o familiares o amigos de militantes de dicho partido». La trabajadora se negó y en los días siguientes fue invitada a dimitir.

Continúan los hechos probados. El 19 de mayo la empleada tiene que dejar el despacho que tenía en calidad de jefa de servicio y «fue trasladada a una sala de control junto al resto de personal». A principio de junio el coordinador «acuerda colocar una cámara» en esta habitación con la «excusa de vigilar un armario que alberga grabadores digitales (...), si bien con esa cámara se grababa también el espacio ocupado» por la trabajadora. El juez advierte de la casualidad de que, tras más de dos años de funcionamiento, se coloque la cámara «justo en el momento en el que la demandante se traslada allí».

También revela la sentencia como la empresa comenzó entonces a remitir a la trabajadora comunicaciones "carentes de sentido" que ésta se veía obligada a responder, "debiendo defenderse de acusaciones sin sustento", y, "de forma fulminante" se le dejó de abonar un complemento que se le pagaba en su condición de jefa de servicios. "Ante el fracaso de estas estrategias se le ofreció un cambio de puesto para ser una simple vigilante, eso sí, manteniendo su salario, y, ante la resistencia de la trabajadora a esa oferta, se procede al despido que la propia empresa reconoce como improcedente", se señala en el fallo.

El 23 de junio la empresa la despide por «motivos disciplinarios», aunque después reconoce que es improcedente.

Pues esto es a grandes rasgos es a lo que se dedican los cargos socialistas, he de añadir que las empresas de seguridad están abiertas a estas prácticas ya que el cliente es quien paga y quien manda. Está claro que no les va a temblar la mano para despedir o acosar a un trabajador a instancias del cliente, independientemente que este desempeñe correctamente su trabajo. Recordemos que este servicio ingresaba en la caja de la empresa Segurisa S.A la cantidad de 4,3 millones.

Si se sigue investigando seguramente se descubrirá como con casi toda seguridad esta adjudicación en el concurso fue irregular, ya que suele ser el pan de cada día en este tipo de adjudicaciones por parte de las administraciones. Todo un mundo el de la seguridad para poder escribir miles de post que escandalizarían a más de uno.

Hay que recalcar que la gravedad de este caso es especial, ya que me imagino que los familiares, amigos, afiliados o simpatizantes de los socialistos no estarían en posesión de la correspondiente tarjeta de identificación profesional, tarjeta que es expedida por el Ministerio del Interior a los vigilantes después de hacer un curso en un centro oficial y de superar el examen y las pruebas que la Dirección General de la Policía practica para conceder la correspondiente habilitación.

Solo tenéis que acudir a cualquier centro oficial para observar la cantidad de gente que no porta la correspondiente placa que le identifica y le habilita como Vigilante de Seguridad, por lo que no pueden desempeñar esa profesión.

También es relevante como la comisaría central de seguridad privada archiva las denuncias que se hacen sobre el personal sin habilitar que está trabajando, en la mayoría de los casos después de una denuncia nunca observan ninguna anomalía, o sencillamente las dejan prescribir, como ya denunció hace años el personal del citado cuerpo a Interviú.

La corrupción y el amiguismo es la tónica en este país que cada día apesta más.