El presente, juez inexorable de la política democrática, ya ha dictado sentencia y se apresta a su ejecución. Sencilla es su conclusión: el Gobierno de España ha sido vencido por ETA y el nacionalismo separatista. Solución provisional: o convoca elecciones anticipadas o su crédito seguirá cayendo sin remedio posible. No obstante, este Gobierno persistirá en modificar lo inmodificable. Quiere llegar al final de la legislatura con los mínimos costes electorales. Imposible. Tratará de ocultar esta sentencia recurriendo al recuerdo y la esperanza, al pasado y al porvenir, que siempre ofrecen servicios inapreciables para ocultar el tribunal del presente. Dudo de que lo consiga, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
El Gobierno, por un lado, persistirá hasta la saciedad en comparar el fracaso de hoy con el de ayer: mal ha salido esta tregua de 2006, dicen los portavoces del Gobierno, pero peor salió la de 1998. La comparación es odiosa, pero, como insistan, puede ser muy perjudicial para el Gobierno, porque sus votantes descubrirán que la tregua de ETA de 1998 fue unilateral mientras que ésta fue pactada. Y, por otro lado, no se cansará de repetir que "el proceso todavía se podrá reconducir", "la paz llegará" y todo tendrá un final feliz; insultarán, incluso, a quienes pidan el fin de un "proceso chantajista y criminal" en aras de un futuro en paz. Si esto es verdad, si es cierto que ETA podría llegar a un acuerdo con el Gobierno, ¿éste podría asegurar que en los próximos meses ETA no cometerá ningún atentado? Si, como sospecho, el Gobierno está obligado a guardar silencio sobre esta pregunta, su apelación al futuro será vista antes o después como un engaño.
A pesar de todo, el Gobierno pondrá a prueba, incluso a riesgo de perder su poca credibilidad, a esas dos instancias teóricas, pasado y porvenir, que son el último asidero del hombre, y por supuesto de los partidos políticos, cuando todo está perdido. Hace mal el Gobierno tentando al diablo, porque podría decepcionar aún más a sus electores y simpatizantes –que descienden en las encuestas a un ritmo quizá no demasiado rápido, pero imposible de detener–, cuando éstos se percaten de que el proceso no fue ni será nada... Nada, naturalmente, democrático y eficaz, porque siempre estuvo controlado por los asesinos de ETA.
En verdad, el Gobierno tiene un problema de credibilidad, que sólo podría solucionar, reitero, convocando elecciones anticipadas. ¿O acaso existe alguien en España, aparte de los imbéciles y los sectarios, dispuestos a tragarse que el anuncio de la tregua de ETA fue tan unilateral como el atentado criminal que señalaba su final? ¿Quién conciliará que el Gobierno diga que el proceso está roto, e incluso diga, por un lado, que quiera aplicar el Estado de Derecho contra el terror, pero, por otro lado, reitere que el "proceso podrá reconducirse"? ¿Qué datos fiables puede ofrecernos el Gobierno para decir que ETA dejará ya de matar? ¿Quién en su sano juicio puede creerse que el atentado de Barajas es "una nueva oportunidad para la paz"? Nadie. Y, precisamente, por eso nadie cree al Gobierno, porque nadie puede reconciliar lo irreconciliable.
Por lo tanto, como pide Maite Pagazaurtundua, el Gobierno debería convocar elecciones anticipadas. El problema es que no lo hará, porque seguramente las perdería. Sí, sí, hoy las perdería por la mínima, pero mañana será un fiasco.
El Gobierno, por un lado, persistirá hasta la saciedad en comparar el fracaso de hoy con el de ayer: mal ha salido esta tregua de 2006, dicen los portavoces del Gobierno, pero peor salió la de 1998. La comparación es odiosa, pero, como insistan, puede ser muy perjudicial para el Gobierno, porque sus votantes descubrirán que la tregua de ETA de 1998 fue unilateral mientras que ésta fue pactada. Y, por otro lado, no se cansará de repetir que "el proceso todavía se podrá reconducir", "la paz llegará" y todo tendrá un final feliz; insultarán, incluso, a quienes pidan el fin de un "proceso chantajista y criminal" en aras de un futuro en paz. Si esto es verdad, si es cierto que ETA podría llegar a un acuerdo con el Gobierno, ¿éste podría asegurar que en los próximos meses ETA no cometerá ningún atentado? Si, como sospecho, el Gobierno está obligado a guardar silencio sobre esta pregunta, su apelación al futuro será vista antes o después como un engaño.
A pesar de todo, el Gobierno pondrá a prueba, incluso a riesgo de perder su poca credibilidad, a esas dos instancias teóricas, pasado y porvenir, que son el último asidero del hombre, y por supuesto de los partidos políticos, cuando todo está perdido. Hace mal el Gobierno tentando al diablo, porque podría decepcionar aún más a sus electores y simpatizantes –que descienden en las encuestas a un ritmo quizá no demasiado rápido, pero imposible de detener–, cuando éstos se percaten de que el proceso no fue ni será nada... Nada, naturalmente, democrático y eficaz, porque siempre estuvo controlado por los asesinos de ETA.
En verdad, el Gobierno tiene un problema de credibilidad, que sólo podría solucionar, reitero, convocando elecciones anticipadas. ¿O acaso existe alguien en España, aparte de los imbéciles y los sectarios, dispuestos a tragarse que el anuncio de la tregua de ETA fue tan unilateral como el atentado criminal que señalaba su final? ¿Quién conciliará que el Gobierno diga que el proceso está roto, e incluso diga, por un lado, que quiera aplicar el Estado de Derecho contra el terror, pero, por otro lado, reitere que el "proceso podrá reconducirse"? ¿Qué datos fiables puede ofrecernos el Gobierno para decir que ETA dejará ya de matar? ¿Quién en su sano juicio puede creerse que el atentado de Barajas es "una nueva oportunidad para la paz"? Nadie. Y, precisamente, por eso nadie cree al Gobierno, porque nadie puede reconciliar lo irreconciliable.
Por lo tanto, como pide Maite Pagazaurtundua, el Gobierno debería convocar elecciones anticipadas. El problema es que no lo hará, porque seguramente las perdería. Sí, sí, hoy las perdería por la mínima, pero mañana será un fiasco.
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Agapito Maestre
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