Sr. Presidente:
Desde junio de 2010, la Junta de Castilla y León viene efectuando fuertes recortes como consecuencia de la política de ajustes y otros de tipo presupuestario, derechos laborales y sociales, como consecuencia del descontrol emanado del Gobierno central de la nación y la normativa que obliga a la propia comunidad autónoma.
Como analista político quiero resaltar que hacía décadas que la profesión docente no se sentía tan menospreciada –tal y como se nos denuncia frecuentemente en la prensa digital- , al igual que hacía tiempo que los centros docentes no encontraban tantos problemas organizativos, ante los citados recortes, los ajustes de plantillas, la congelación de la oferta de empleo público, las amplias listas de espera en determinados centros y la ineficaz ‘invasión’ de algunos servicios periféricos, donde desde el área de inspección educativa se generan absurdos problemas en vez de resolverlos, asesorar al profesorado y trabajar con un mínimo de ética y dignidad, además de la seriedad necesaria.
SÍ PROCEDE el recorte, congelación y/o anulación, por poner algún ejemplo, de la reciente convocatoria de inspección educativa de la comunidad, que se está llevando a cabo en estas últimas semanas; una convocatoria que no tiene sentido ni hay necesidad de la misma, además de que supone un montante económico carente de sentido en momentos de crisis aguda como la actual.
Igualmente, SÍ PROCEDE la inmediata supresión de la Consejería de Justicia e Interior, dada la inexistencia de competencias transferidas en esos temas y la ineficacia advertida en estos últimos cuatro años, además de que las competencias actuales pueden ser perfectamente asumidas por otro departamento, rebajando considerable y eficazmente los costes con respecto a los actuales, así como la viabilidad.
Finalmente, indicar que de igual modo PROCEDEN recortes del número de unidades en la excesiva flota de coches oficiales de la Junta de Castilla y León (ver amplio informe del diario El Mundo) y en la supresión de desplazamientos innecesarios, como es el hecho de que los conductores acudan al domicilio de directores generales y otros altos cargos para trasladarlos al trabajo, cuando ese traslado –según los predicamentos del señor Presidente- debe hacerse por cuenta propia del interesado, incurriendo en una clara malversación de fondos públicos cuando los medios de la comunidad se utilizan en beneficio propio.
Seguro de que se tendrán en cuenta las aludidas aportaciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, si bien soy consciente de que muchos de sus funcionarios amenazan a quienes hacen propuestas serias que les obligan a trabajar, como es el caso de la jefa de servicio de la dirección general de Infraestructuras que, hace unos días, denuncié ante el gabinete de Presidencia por las malas artes demostradas, el mediocre desprecio mostrado, sus vulgares amenazas encubiertas y el reiterado afán de protagonismo.
Jesús Salamanca Alonso
Analista político. Editor de “Política y Terrorismo”
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6 que opinaron, anímate:
Los políticos (de una lado y de otro) no están para estas cosas.
Antes, tal vez, pero en la actualidad están para medrar e enriquecerse.
Ellos, sus familias, y sus amigos.
Recortan la capacidad de autogestión del pueblo a base de engaños mientras agrandan su patrimonio y airean su desvergüenza. Creo que hay que recuperar el valor de la familia, el sindicato y el municipio y dejarse de movimientos centrífugos que sólo sirven para el desmembramiento del Estado. Antes o después lo veremos, espero que sea antes que después, hago votos por ello.
Un abrazo.
Bueno, moral no os falta, eso está claro. Pero quizá no hagan caso.
Quiero decir si se les pide con educación. Puede que con otros métodos...
Llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, y ahora que es preciso hacer ajustes, las carencias se notan mucho más.
Los primeros que tendrían que dar ejemplo no se resignan a que se acabaron las vacas gordas, y los problemas de los profesionales se hacen más patentes. Mucho zampabollos para presupuestos cada vez más pequeños, es lo que hay..
Yo pondría la obligatoriedad de que todo empleado público tuviera que usar por obligación (y gratuitamente eso por supuesto) todos los servicios públicos de que disponen.
Educación, sanidad, seguridad social etc etc.
Veríais como el país cambiaba en pocos meses, pues ya se ocuparían los políticos de que los sistemas públicos funcionaran mejor que ningún otro.
Mientras esto no pase, todo seguirá igual.
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